El derecho a la salud

“El derecho a la salud es una cuestión de justicia social y de responsabilidad personal” asegura Fidele Pogda, coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas.

Millones de personas viven torturadas por la enfermedad y la pobreza y esta situación exige cambios decisivos. El derecho a la salud y a bienes tan básicos como los fármacos y las vacunas, está gravemente amenazado por los desequilibrios económicos del mundo.

Pogda recuerda que el 97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas tiene lugar en países en desarrollo y, sin embargo, la mayor parte de los nuevos fármacos van destinados a curar enfermedades del mundo desarrollado y cada vez se invierte menos en vacunas y en investigación para las enfermedades mortales que se dan en el mundo en desarrollo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 40% de la población mundial no tiene cobertura sanitaria; porcentaje que aumenta hasta el 80% en 44 países de América, Asia, y África, y más aún en zonas rurales. En los países más pobres hay más de 400 millones de personas que no tienen acceso a los servicios básicos de salud. Así, este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) y que los líderes mundiales se comprometan con medidas concretas para promover la salud de todas las personas y para que en cualquier lugar cualquier persona pueda tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin que dependa de su economía. También desde la ONU, el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS pide “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” porque, pese a algunos avances, se necesitan aún muchas más iniciativas para erradicar por completo muchas enfermedades evitables.

Pese a estas demandas de la comunidad internacional, un tercio de la población mundial no tiene acceso a las medicinas, y ello tiene que ver, sobre todo, con el alto coste de los medicamentos.  Y aunque las declaraciones internacionales establecen que la protección de la propiedad intelectual no debe impedir la protección de la salud pública de los más pobres y reconoce su derecho a producir e importar genéricos, estos acuerdos no se cumplen. De hecho, la enfermedad es hoy un negocio multimillonario en el que los resultados se miden en términos de beneficios.

Asistimos impasibles al hecho de que las grandes corporaciones farmacéuticas, dueñas de las patentes de los medicamentos, presionen a gobiernos y empresas de países del Sur que han fabricado sus propias medicinas a precios muy inferiores.

“Se argumenta que esa fabricación viola los derechos de propiedad intelectual, sin tener en cuenta el Derecho a la Salud ni la más mínima responsabilidad social y solidaria para con las personas”.

Manos Unidas