La minería ilegal en el Amazonas

La minería ilegal y los intereses económicos están saqueando la Amazonía, poniendo en grave riesgo la salud y la forma de vida de las comunidades locales. Para denunciar que «los fondos internacionales que muchos países están donando para cuidar la región no llegan; y, así, se piensan que el pulmón del mundo está bien y es todo lo contrario», los Padres Agustinos han traído a España a Marcelina Angulo Chota, una líder indígena que lleva 22 años luchando por la preservación del medio ambiente y los derechos de las poblaciones del Alto Nanay, en Perú. Poniendo su vida en peligro la mayoría de las veces: «Tengo cuatro niños, pero mi lucha es contundente y estaré en esto hasta que Dios quiera. Porque la minería ilegal nos va a matar a todos. No solo a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos. Lo que ha pasado en Valencia no es casualidad. El cambio climático viene por la deforestación del Amazonas, que es el pulmón del mundo y del que vivimos todos», afirma, en entrevista con ECCLESIA.

Para contar el papel de la Iglesia en la asistencia a las comunidades indígenas la acompaña Rita Ruck, abogada y coordinadora de la Oficina de Justicia y Paz de Derechos Humanos, perteneciente al vicariato apostólico de Iquitos. Además, es vicepresidenta de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados de Perú. «Trabajamos en dos vías: por un lado, recorremos los ríos y la ciudad para educar a todas las personas que nos solicitan los servicios sociales y católicos en diferentes temas, ya sea de violencia, derechos humanos, trata, etc. Los temas que no conocemos buscamos especialistas. Y en la segunda, ofrecemos defensa legal, donde atendemos a las personas de escasos recursos económicos, ya sea de manera individual o colectiva», explica. Ruck se ha pasado más de 18 años llevando sola todos los casos que llegaban a la oficina: «Dios sabe cómo». Ahora, dirige un equipo de cinco personas, en el que la acompañan una ingeniera ambiental, una psicóloga, otra abogada y dos voluntarios.

Una de las personas que han recibido formación desde joven es Marcelina, líder de la comunidad loretana desde los 19 años. «Las capacitaciones me ayudaron mucho en mis más de veinte años denunciando la situación, viendo a las autoridades que van y vienen y que nunca hacen nada. Hemos sido nosotros, los vecinos, quienes hemos tenido que defender nuestra tierra de los ataques, de la minería ilegal que viene desde Venezuela, Colombia o Brasil como auténticos órganos armados, explorando el oro. Desde que me enfrenté a ellos vengo sufriendo amenazas fuertes y directas. Donde yo vivo no se permite la minería, porque hemos tenido que luchar para poder sacarles», afirma.

Patrullan el río

Como líder ambiental, ha organizado a su gente en grupos de diez personas que patrullan cada noche la cuenca del río a la intemperie, vigilando que no se cuele ningún minero y contamine el agua. «No tenemos ni una caseta de obra para dejar nuestras cosas o resguardarnos de los ataques con armas. Estamos pidiendo una caseta de vigilancia y las ONG nos dicen que no hay dinero. Los fondos no llegan», denuncia, amargamente.

«A veces, los mineros ilegales te ofrecen plata para que caigas. A algunos vecinos y gente de otras aldeas la compran para que se vayan a trabajar con ellos y dejen de cuidar el río. Y, muchas veces, después, los asesinan cruelmente», prosigue Marcelina. «Actualmente, hay 99 dragas que están perjudicando al medio ambiente en la zona, contaminan los ríos, matan nuestros peces. En todo el Alto Nanay no hay agua potable, tenemos que tomar el agua directa del río, sin tratar», señala. Nos cuenta que los niños y ancianos han enfermado, que las mujeres embarazadas pierden repentinamente a sus hijos, que se les cae el pelo y las uñas, que sufren enfriamientos de barriga. «Tenemos el temor de morir en cualquier momento por la contaminación, porque los mineros lavan el mercurio en el río», detalla.

Marcelina Angulo Chota dirige actualmente 33 comunidades nativas y campesinas, denunciando que las autoridades no quieren saber nada de estas personas. «El Estado nos traiciona. Llevamos años pidiendo a gritos que desplieguen a la Marina, al Ejército, a la Policía. Pero nada. En 2020, por primera vez nos hicieron caso y se trabajó allí bien durante seis meses. Pasado ese tiempo, se encargaron de enterarse de quiénes eran los agentes que estaban haciendo el trabajo y los cambiaron de destino. Sabían lo que hacían», reclama. «Lo que hay que tener claro —agrega— es que la naturaleza que cuidamos no es solo para nosotros, que somos 3.000 habitantes en la cuenca. Los 3 millones de personas que viven en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, se abastecen de nuestra agua».

«Me duele el corazón de que nadie nos haga caso», dice, con lágrimas en los ojos. «Estamos haciendo un trabajo que no deberíamos y ni aun así se nos ayuda. Es más, nos ponen trabas y lo dificultan. Cuando la minería excava el bosque, lo seca, los árboles se caen. Ahora, tenemos miedo también de las empresas madereras, porque en nuestra zona hay buena madera. Las autoridades no nos dan soluciones: escuchan, se van, con suerte hacen dos días el trabajo y a otra cosa. No les importamos. Nuestra desesperación reside en que si nosotros no cuidamos nuestros bosques protegidos, nos vamos a morir todos, porque este es el pulmón del mundo. La minería ilegal está en todos los rincones de Perú y en todos los países con los que hablamos, aparte de la que se considera legal, que tendrán sus razones. Estamos perdiendo esta batalla porque nadie nos hace caso en nuestra defensa del agua y del bosque», asegura.

Según explica la abogada Rita Ruck, «muchas de las personas a las que estamos ayudando no tienen conciencia de sus propios derechos. Por eso, a todos los usuarios que acuden a nuestra oficina con un proceso judicial abierto les estamos capacitando para entender el sistema judicial». Uno de los principales problemas que atienden son las denuncias interesadas contra líderes indígenas, que les incapacitan para volver a protestar mientras el proceso se dilata hasta el infinito. «Acabamos de conseguir la absolución de 22 líderes comunitarios por una protesta de 2008 y cuyo proceso seguía vigente 16 años después», manifiesta. «Hemos fijado también precedentes jurídicos en cuanto a la omisión de consulta previa, que es constitucional, ya que se saltaban por completo a los pueblos indígenas. Atendemos demandas por derrame de petróleo, contaminación, minería, etc.», añade.

Ambas han visitado nuestro país como culminación de un proyecto de la Junta de Castilla y León para la capacitación de líderes. «Resaltamos la labor de las mujeres —señala Ruck—, porque el impacto de lo que están viviendo es diferente al que recibe el varón. Y está funcionando, porque ellas ya no se quedan solo con los hijos, sino que van más allá». La abogada cita la ayuda e implicación del obispo de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas: «Ha pasado más de 20 años en el río Marañón; conoce la problemática de esa jurisdicción y está muy sensibilizado con los pueblos indígenas». Al hilo de lo que nos cuenta Rita, preguntamos a Marcelina si tiene alguna causa judicial abierta. Su respuesta lo dice todo: «No… por el momento». Angulo Chota reconoce que hasta ahora se ha librado por la formación y conocimientos recibidos en su cualificación como líder comunitaria. Una educación, precisamente, que le hace percibir de manera más acusada los riesgos a los que se enfrenta la región y todo el planeta: «Muchas personas no entienden el dolor que tenemos como seres humanos: el bosque necesita ser protegido; si la minería arrasa el Amazonas, vamos a morirnos todos. Me duele el corazón de que nadie nos haga caso».

Luis Rivas Revista Ecclesia